La próxima discusión: desintegrar el sistema tributario

Ad portas de la reforma tributaria[1] del gobierno del Presidente Boric, la “desintegración” del actual sistema tributario (régimen art. 14 A) LIR) surge como punto inicial del debate. De prosperar, encarecerá sobremanera al régimen del art. 14 A) de la LIR, lo que supondría que las grandes empresas (en particular, los holdings) reorienten su organización societaria como “Pymes”. Es esperable que la nueva reforma dé un trato más favorable a este último sector. A continuación, revisemos algunas ideas sobre los conceptos de “integración” y “desintegración” …

• Presentación

Resumen. La “desintegración” bien podría convertirse en el “corazón” de la próxima reforma tributaria y en el centro de la discusión y polémica. Una de las novedades principales anunciadas en el programa de gobierno del actual Presidente Boric, que traería la próxima reforma tributaria, consiste en la “desintegración del sistema tributario” en cuanto a las empresas y Propietarios, que hoy pertenecen al régimen tributario conocido como “Imputación Parcial de Créditos” o 14 A) de la LIR (el grupo de las grandes empresas, tales como, por ejemplo, las S.A. Abiertas). En este régimen los Propietarios pasarían de obtener un crédito parcial por IDPC de 65% a tasa 0%, es decir, aumentarían fuertemente su costo tributario por IF o personales (IGC o I.A.). En tanto que, en sus empresas la tasa del impuesto corporativo dejaría de ser una “ilusión” o un mero anticipo para convertirse, desde un punto de vista económico, en un impuesto propiamente tal. Por lo que, en definitiva, el costo tributario para el binomio empresa-Propietarios terminará aumentando ostensiblemente, con lógico impacto en la inversión y en el empleo a nivel país.

 
• El concepto “desintegrar” y el origen de la “integración”

Según el Diccionario de la Lengua Española, edición internet del Tricentenario (actualizada a 2021), RAE, el vocablo “desintegrar” entre sus acepciones de uso más conocidas, dice relación con “separar los diversos elementos que forman parte de un todo”, o bien, “destruir por completo”. Es la primera acepción la idea fundamental que propone el Programa de Gobierno del actual Presidente Gabriel Boric Font, al focalizar su atención en las características que hoy tiene el sistema tributario chileno con respecto a los regímenes tributarios de las empresas (el llamado “corazón de la reforma”, ¿se recuerda?), por la coexistencia de dos sistemas (en el caso de las empresas sujetas a Contabilidad Completa): uno integrado y el otro parcialmente integrado.

Recordemos que antes de la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet, el sistema tributario chileno, en el caso de las empresas y sus Propietarios, era uno solo: 100% integrado desde el 1.01.1984, manteniéndose hasta el 31.12.2016. Esto significaba que los impuestos anuales a la renta de empresas y Propietarios que, si bien, eran cumplidos por separado, estaban “unidos” porque las “reglas del juego” señalaban que el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) que pagaban las empresas consistía no en un impuesto propiamente tal (legalmente el IDPC es un impuesto tipificado en la LIR, pero, en realidad, económicamente no lo es), sino en una figura de un “préstamo transitorio forzoso de Primera Categoría” que debían realizar las empresas al Fisco, al producir utilidades tributables (RLI o BI positivas), para luego, en la época de tributación de estas utilidades por parte de los Propietarios (en ese entonces, al realizar los retiros, remesas o distribuciones), estos últimos impetrar al Fisco la rebaja total del impuesto de la empresa de sus impuestos finales (IF). Esta rebaja es la que se conoce como “crédito por IDPC” y que, durante esos años, todos los Propietarios de empresas, sin distinción de regímenes, podían efectuar, en los casos que correspondiera.

En definitiva, el costo tributario y económico por impuesto a la renta siempre ha estado dado por los IF o impuestos personales de los Propietarios (IGC o I.A.), pero no por el IDPC a nivel de la empresa. Este IDPC desde el año 1984 continúa siendo una “ficción” que, en realidad, anticipa recursos importantes al Fisco.

Las empresas, si bien es cierto, han pagado desde entonces el IDPC, lo que en verdad hacen es prepagar el IF de sus Propietarios, es decir, lo anticipan al Fisco en la Operación Renta que se efectúa cada año. Luego, el Fisco le permite a los Propietarios saldar las cuentas mediante la rebaja del impuesto como un crédito en contra de los IF que procedan. Por lo que, tanto al Fisco como a los Propietarios de las empresas, les interesa mantener un control o registro de los créditos por IDPC a través del tiempo. Hasta el 31.12.2016 ese control se llevaba a través del exregistro “FUT”, que fue reemplazado por los hoy denominados “RTRE”. Por lo que a partir del 1.01.2017 estos créditos se controlan a través del registro “SAC”, que hoy continúa formando parte de los “RTRE”.

El “FUT” era un control tributario obligatorio donde se guardaban las utilidades tributables que generaban las empresas; que, generalmente, habían cumplido con la tributación del IDPC, por lo que debía controlar también el crédito que se producía por dicho concepto. Y, en paralelo, servía de control de la tributación de los IF. De hecho, mientras los Propietarios no realizaran retiros, remesas o distribuciones se iba acumulando una gran base imponible de IF o personales, cuyos recursos por esta vía no llegaban al Fisco. La situación era especialmente crítica, sobre todo, en el sector de las grandes empresas (el caso, por ejemplo, de las S.A. Abiertas).

Al Fisco le interesaba conocer la deuda que mantenía pendiente con los Propietarios por concepto de los créditos por IDPC, ya que, generalmente, en la Operación Renta de cada año los Propietarios los solicitaban bajo la denominación “crédito por IDPC con derecho devolución”, obteniendo importantes devoluciones de impuesto a la renta. Así las cosas, cada A.T. el Servicio de Impuestos Internos iba perfeccionando el Formulario 22 y siendo más riguroso y focalizado en sus revisiones. Por otro lado, a los Propietarios también les interesaba poder solucionar sus obligaciones tributarias por concepto de IF por el ya significativo “FUT” que habían acumulado sus empresas (utilidades pendientes de reparto), en los 30 años de vida del sistema. De hecho, como decía un connotado profesor, el “FUT” era una “gran base imponible de IF (IGC o I.A., según corresponda)”, cuya “bola de nieve” ha mantenido y, aún incluso hoy en día, continúa empozando importantes utilidades tributables pendientes de pago de dichos IF. ¿Cómo el actual gobierno no va a pretender hacer algo, dentro de los próximos meses, con este pozo de recursos inmovilizado?

• El origen de la “desintegración”

Con la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet (Ley N° 20.780), incluyendo su Simplificación (Ley N° 20.899), el sistema tributario chileno que hasta el 31.12.2016 era de carácter único (el “FUT”) y cuyos Propietarios de empresas rebajaban en un 100% la totalidad del IDPC, tuvieron una importante distinción: una parte de ellos continuaría rebajando el IDPC en su totalidad (hoy en día son las “Pymes” de “Pro Pyme General”), mientras que otro segmento lo haría en una parcialidad (65% de su monto). El nuevo sistema castigaría a las grandes empresas y a sus Propietarios, y controlaría el “FUT” en un registro especial denominado “STUT” (saldo total de utilidades tributables).

Desde aquel entonces, el sistema cambió a uno de carácter dual. Por una parte, un régimen Atribuido, inédito en el país, donde los Propietarios tributaban en sus IF por la atribución o asignación de las utilidades que la empresa generaba a partir del 1.01.2017, según la proporción que les correspondía en las utilidades o en el capital, como regla general. Este régimen continuaba con la integración total del IDPC entre empresa y Propietarios. Sin embargo, tuvo una vigencia muy corta hasta el 31.12.2019. La principal razón obedecería a que había un grupo importante de Pymes clasificadas bajo este régimen que, si bien las empresas cumplían con una menor tasa de IDPC (25%) a diferencia de las del régimen alternativo (Semiintegrado o Parcialmente Integrado); en la práctica, los Propietarios debían tributar por toda la utilidad tributable generada por la empresa (en un símil al base devengado), con prescindencia de los retiros, remesas o distribuciones. ¡Eso era lo que nunca gustó a los Propietarios de dicho régimen! Y, por otra parte, se creó un sistema Parcialmente Integrado donde a las empresas se les aumentó la tasa del IDPC (a 27%), pero cuyos Propietarios no tributaban bajo el concepto de “renta atribuida”, sino con base en los retiros, remesas o distribuciones que realizaban. ¡Eso sí! solo podían impetrar una rebaja de 65% del crédito total por IDPC contra sus IF. Esto dio origen al concepto de “con obligación de restitución”, ya que el Servicio de Impuestos Internos, desde un punto de vista práctico, permitió a nivel del Formulario 22 que, el crédito por IDPC sería impetrado en su totalidad en una línea específica, en tanto que, en otra línea debía generarse un “Débito Fiscal por Restitución Crédito por IDPC” (el 35% restante), de modo que, en definitiva, sumando y restando los valores registrados en las líneas los Propietarios hicieran siempre uso del 65% del impuesto de categoría que les correspondía, tal como lo planteaba la reforma en este nuevo escenario tributario.

La desintegración parcial o sistema parcialmente integrado o semiintegrado se reservó para las grandes empresas, como, por ejemplo, las S.A. Abiertas. Aunque también podían acogerse, si lo querían, algunas Pymes. Lógicamente, dicho sistema como se vio era mucho más costoso que su alternativo.

En definitiva, desde el año 1984 y hasta el 31.12.2016 en nuestro país existió un sistema tributario para las rentas empresariales 100% integrado, porque el IDPC de las empresas estaba estrechamente unido a la tributación final de sus Propietarios. Como ya se ha dicho, estos últimos podían rebajarlo o descontarlo como un crédito en su totalidad. Sin embargo, a contar del 1.01.2017 y hasta, incluso hoy en día, continuamos con un sistema de carácter dual o mixto: integrado para unos regímenes tributarios y parcialmente integrado para otro.

• Los cambios de la última reforma tributaria

Más tarde, la reforma tributaria del expresidente Piñera (Ley N° 21.210) eliminó los regímenes Atribuido (que no se basaba en la percepción de utilidades para efectos de los IF, sino en su atribución o asignación, o sea, los Propietarios -como ya se ha señalado-debían tributar con base en el porcentaje de participación que les correspondía en las utilidades o capital, según el caso) y 14 Ter, letra A) cuyo comportamiento a nivel de los IF era similar. Este último régimen, que había sido perfeccionado por el gobierno de la expresidenta Bachelet, estaba focalizado en las micro, pequeñas y hasta medianas empresas. Ambos regímenes eran 100% de carácter integrados. Para, luego, crear un régimen especial para incentivar la inversión, capital de trabajo y la liquidez de las Pymes, denominado “Régimen Pro Pyme” también bajo el concepto de la integración total. Este régimen continúa aplicándose hasta hoy por las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) acogidas; por lo que, en general, agrupó a las empresas del exrégimen Atribuido y del exrégimen 14 Ter, letra A). ¿Y qué pasó con el régimen alternativo parcialmente integrado o semiintegrado creado en el anterior gobierno (Bachelet)? Decidió conservarlo (recordemos la presión post “estallido social”). En definitiva, hoy tenemos un régimen 100% integrado (“Pro Pyme General o 14 D) N° 3 de la LIR) y uno de Imputación Parcial de Créditos (14 A) de la LIR) que permite a los Propietarios de las empresas acogidas continuar descontando el 65% del IDPC (un símil al exrégimen semiintegrado).

Adicionalmente, cabe señalar que dentro del “Régimen Pro Pyme” encontramos un régimen opcional denominado “Pro Pyme Transparente” (14 D) N° 8 de la LIR), el cual, pese a que la última reforma eliminó el concepto de “renta atribuida” de la LIR (exregímenes Atribuido y 14 Ter, letra A)), curiosamente continúa subsistiendo su espíritu a través de este régimen optativo y, al cual, solo se pueden acoger aquellas empresas cuyos Propietarios son personas naturales, cumpliendo con los demás requisitos del “Régimen Pro Pyme”. Tales empresas no pagan IDPC porque están exentas de dicho tributo (tasa 0%), asumiendo la tributación final exclusivamente los Propietarios personas naturales, quienes deben cumplir con el IGC o I.A., según corresponda, por todas las utilidades que genera la empresa al término del año comercial, según su participación en dichas utilidades o en el capital, según corresponda. Este régimen que pareciera ideal y más simplificado para la empresa y sus Propietarios, en realidad puede llegar a ser mucho más costoso y engorroso (¡qué lo digan los contadores de aquellas empresas medianas que se han acogido!). En este caso no interesa la integración porque los Propietarios no tienen derecho a un crédito por IDPC, ya que la empresa acogida simplemente no paga el IDPC al Fisco por haber quedado expresamente liberada de dicho impuesto. En consecuencia, los Propietarios terminan pagando con sus IF por toda la base imponible (en general, percibida), en la cual se incluirán todos los ingresos y egresos, sin considerar su origen o fuente o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas de la LIR, sea que estén o no relacionados con el giro o actividad de la empresa.

¿Cuál es el argumento de la desintegración de la próxima reforma tributaria? (se subraya el argumento que lo explica).

Impuestos a los súper ricos, Impuesto a la Renta y Desintegración del Sistema Tributario: el sistema tributario debe estar diseñado en función de la capacidad contributiva de las personas y empresas. Los patrimonios más altos están en mejores condiciones para soportar y financiar el gasto público. Además, la desintegración permitiría simplificar la mecánica de fiscalización del pago del impuesto a la renta.”

 
El escenario como ya vimos, desde la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet, ha apuntado a los sectores de mayor capacidad contributiva, como, por ejemplo, las grandes empresas y Altos Patrimonios. Este fenómeno no está ocurriendo solo en Chile, sino que es una marcada tendencia internacional. ¿Por qué? ¡Cuidado con el dicho! “Tanto va el cántaro al agua…”. A buen entendedor pocas palabras…

• Lo que se esperaría de la próxima reforma tributaria

La desintegración implicaría que el actual régimen de Imputación Parcial de Créditos dejaría de serlo. Existiría una separación entre los impuestos de categoría (IDPC) e IF (IGC o I.A.). El sector de empresas en nuestro país (por ejemplo, las S.A. Abiertas) volverían a lo que ocurría con el impuesto a la renta antes del año 1984, donde empresas y Propietarios debían pagar sus impuestos por separado y, por ende, soportaban el peso de las cargas contributivas como verdaderos impuestos. Curiosamente, el modelo económico de aquella época se caracterizó por ser débil en inversión, crecimiento, desarrollo y empleo. Fue la reforma tributaria de la Ley N° 18.293, de D.O. 31.01.1984 que marcó en nuestro país un antes y un después: dio origen a la integración de los impuestos entre empresas y Propietarios. El “FUT” dio cuenta de la riqueza y prosperidad económica del modelo económico que se instauró con él, pero a un alto costo: la “desigualdad”. Es, precisamente, esto último lo que pretendería corregir la próxima gran reforma tributaria del gobierno del Presidente Boric. El problema es que los “dardos” apuntarían, según algunos, a destruir las bases capitalistas de nuestro sistema. Inclusive, hay quienes están expectantes de lo que significará esta nueva reforma: una expropiación patrimonial vía impuestos a los sectores más acomodados del país. El desafío no es nada fácil. Hay muchos factores en juego y como dice el dicho: “caras vemos, corazones no sabemos”.

SANTIAGO, lunes 4 de abril de 2022.

[1] Noticia “Gobierno confirma que ingresará reforma tributaria al Congreso en junio”, de 23.03.2022. Por Mesa de noticias de El Mostrador. “El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que la reforma tributaria llegará al parlamento durante el segundo trimestre de este año. La subsecretaria de la misma cartera, Claudia Sanhueza, detalló los primeros pasos que dará el proyecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Destaca terminar con exenciones y evitar la elusión fiscal. “Los proyectos de la reforma tributaria podrían ser enviados al Congreso en distintos momentos para hacer más fluida la discusión. Es importante decir que la reforma es también una respuesta tributaria a las necesidades de Chile, que tienen que ver con el estancamiento en el crecimiento de la productividad, con la necesidad de tener mejores bienes públicos, con inequidades territoriales y con la crisis climática”, señaló. En materia tributaria, se precisó que ya se encuentra en curso el trabajo técnico de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos, mientras que en abril comenzará el diálogo con gremios empresariales, académicos y organizaciones de la sociedad civil.” 

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